Palabras de la Ex-Defensora Ofelia Taitelbaum

 

Defensoría de los Habitantes de la República, octubre 2012.

 

En el marco del Día Internacional de Acceso a la Información, se pretende con esta actividad coadyuvar y fortalecer los esfuerzos nacionales en la lucha contra la corrupción. Por eso, el lema para esta conmemoración la hemos acuñado con la siguiente frase: "LA TRANSPARENCIA COMO ESTRATEGIA CONTRA LA CORRUPCIÓN" y, en esta oportunidad, teniendo presente la coyuntura actual del país, hemos considerado importante dar énfasis al tema de las compras públicas electrónicas, visualizado como "UN SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS EN LÍNEA COMO MECANISMO ANTICORRUPCIÓN".

 

Es de nuestro interés mencionar que nuestros esfuerzos están enmarcados en el derecho fundamental de acceso a la información pública. Es por eso que, antes precisar que nuestra democracia, entendida como estructura de deliberación, decisión y gestión de los poderes públicos, necesita de un nuevo sistema de información y control de la gestión pública.

Así, si la democracia quiere pervivir deberá institucionalizar la cultura de transparencia y  rendición de cuentas.

 

Esto es importante, porque la lucha contra la corrupción está sustentada en el derecho a la información, que a su vez está enraizada en el corazón de la democracia. Además, sólo una ciudadanía que está bien informada sobre las intenciones y acciones de quienes ostentan el poder público, puede contribuir de forma efectiva al proceso de toma de decisiones que afecta su futuro.

 

El derecho a la información permite un diálogo entre la sociedad civil y sus gobernantes, cultiva la buena administración y promueve la rendición de cuentas al empoderar a los ciudadanos y la sociedad civil en general con la información que requieren para luchar contra la corrupción y actuar como vigilantes contra abusos por parte de las autoridades.

 

De manera más general, democratizar el acceso a la información, en particular la información en manos de entidades públicas, fomenta un clima político de apertura y participación, que es la base de una democracia legítima.

 

La idea de que las entidades públicas no retengan la información para sí mismas sino como custodios del bien público está ahora firmemente comprendida por las personas de todo el mundo, incluso como un derecho humano protegido por la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto,  esta información debe ser accesible a la sociedad, al menos que haya un interés público superior que obligue a mantenerla en secreto. En este sentido, las leyes sobre el derecho a la información reflejan la premisa fundamental de que el gobierno existe para servir al pueblo.

 

Esto incluye el desarrollo masivo de la tecnología informática, todo lo cual ha cambiado la manera en que las sociedades se relacionan con la información y la utilizan, y que, en términos amplios, han hecho que el derecho a la información sea más importante para la ciudadanía.

 

Entre otros factores, la tecnología informática ha aumentado la capacidad general de la ciudadanía común de controlar la corrupción, de exigir rendición de cuentas a sus líderes, y de aportar insumos a los procesos de decisión. Esto a su vez, o para decirlo con más precisión, paralelamente ha llevado a mayores demandas de que se respete el derecho a la información.