- Defensoría presentó coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad

La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en contra del artículo 13 del Código Municipal, por considerar que la modificación de dicha norma disminuyó las garantías institucionales para la consolidación de oficinas municipales dirigidas al aseguramiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres y, por ende, es regresivo de los derechos de esta población.

- Institución se suma al programa “Punto Seguro”

Con el objetivo de reducir el impacto que genera al ambiente y a la salud pública el descarte inadecuado de los medicamentos vencidos, en desuso y sus materiales de empaque, los y las habitantes podrán acercarse, a partir de hoy, a la sede central de la Defensoría de los Habitantes, en Barrio México, donde se colocó un Punto Seguro a la entrada de la recepción.

- En zona fronteriza

Luego de un trabajo de campo realizado por la Defensoría de los Habitantes a la zona fronteriza de Los Chiles y al puesto Fronterizo Las Tablillas, así como a la reunión sostenida con la Mesa Territorial de Movilidad Humana de la zona norte, la institución inició una investigación para determinar las medidas control y de seguridad que el Estado aplica al transporte terrestre de personas migrantes.

La Defensoría de los Habitantes en la gira de trabajo realizada observó con preocupación algunas situaciones relacionadas con el transporte irregular de personas migrantes, un problema que afecta a la Zona Norte-Los Chiles, una región que experimenta flujos migratorios mixtos.

En virtud de lo anterior, se inició una investigación de oficio con el propósito de evaluar la gestión realizada por parte de entidades tales como la Policía Profesional de Migración, la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito, el Consejo de Transporte Público y la ARESEP.

Dentro de los aspectos a indagar se encuentran aquello relacionados a los recursos institucionales disponibles y adecuación en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros para enfrentar el transporte irregular de personas migrantes. Asimismo, las estrategias, planificación y efectividad de estos controles.

También se examinarán las acciones implementadas para la supervisión del transporte irregular y los problemas de seguridad asociados e identificar si existen deficiencias en la coordinación institucional, en la implementación de estrategias, y problemas relacionados con los recursos y la capacitación del personal.

El objetivo de esta investigación es que, en el caso de detectarse algunas debilidades, se puedan mejorar todo lo relacionado con la seguridad y el control en la gestión del transporte terrestre de personas migrantes, optimizando los recursos y estrategias institucionales y formulando recomendaciones para fortalecer la respuesta de las autoridades competentes.

La falta de nombramiento del Comisionado Presidencial para la Inclusión Social preocupa a la Defensoría de los Habitantes por el impacto que tiene el cargo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el quehacer del Estado.

Desde el 03 de julio 2024, la Defensoría de los Habitantes, como Institución Nacional de Derechos Humanos, manifestó a Casa Presidencial su preocupación en que, la designación de dicho cargo se vaya a dilatar en el tiempo, considerando su responsabilidad en la atención del fenómeno de la discriminación y el racismo, especialmente tratándose de poblaciones vulnerables y discriminadas, así como promover y garantizar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en la materia.

Considerando que, los discursos de odio, principalmente en redes sociales, están en constante aumento, teniendo afectación en poblaciones que históricamente han sufrido de la discriminación debido a su utilización para justificar la negación de sus derechos, asimismo fue solicitada a Casa Presidencial copia de la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, la cual efectivamente fue remitida, siendo que la misma incorpora cinco ejes estratégicos de trabajo sean: reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos; educación; cultura de paz; acceso a investigación y uso eficaz de datos y acceso a la justicia y no impunidad

El aumento de la violencia en la sociedad costarricense guarda una estrecha relación con la legitimación y difusión de discursos de odio, por lo tanto, es urgente adoptar acciones de toda naturaleza, para atender la realidad de la discriminación y los discursos de odios como una de sus manifestaciones. En momentos de polarización se requiere un actuar oportuno y efectivo sobre toda forma de violencia que sea violatoria de Derechos Fundamentales.

Siendo, por lo tanto, impostergable que la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, sea efectiva para evitar su reproducción y legitimación, requiriéndose un actuar pronto por parte del Estado. No obstante, en el informe de fecha 18 de julio 2024 Presidencia informa a la Defensoría que la Administración se encuentra en una etapa de estudio de perfiles y de posibles personas candidatas que puedan ejercer como Comisionado de Inclusión Social, siendo que a la fecha el puesto se mantiene vacante. Asimismo, se señaló que, hasta que se defina dicho nombramiento es que se continuará con el avance de la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación.

- Alerta la Defensoría de los Habitantes

Ante los recortes que realizaría el Ministerio de Hacienda a la Educación para el año 2025, la Defensoría de los Habitantes prevé el incumplimiento del Pacto Nacional de la Educación, el cual generará seis situaciones que agravarían la crisis en la educación.

- Defensoría urge encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones.

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación donde constató que, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como centros educativos, y según el Ministerio de Salud 24 tienen órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento y en estado crítico.