La Defensoría de los Habitantes solicitó un informe a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que indique las acciones emprendidas ante Acueductos y Alcantarillados (AyA) con motivo de la emergencia que, desde el lunes, enfrentan los vecinos de Tibás, Moravia y Goicoechea, con la disponibilidad del agua para consumo.
Viernes 26 de enero, 2024. La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, sostuvo una sesión de trabajo con los alcaldes de Moravia y Tibás y la Alcaldesa de Goicoechea, con el propósito de conocer las acciones de las instituciones del Estado en la atención de la emergencia con el agua, como parte de la investigación que esta institución lleva a cabo.
Jueves 25 de enero, 2024. La confirmación hoy del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre la contaminación del agua, denunciada por los vecinos de Tibás, Goicoechea y Moravia desde el lunes anterior, llama la atención de la Defensoría de los Habitantes sobre la necesidad que el Estado tome medidas contundentes de carácter preventivo en protección a la salud de los habitantes.
La Defensoría de los Habitantes intervino ante una denuncia por el faltante de un medicamento. Se trata de las ampollas de Testosterona que requieren diversos grupos poblacionales.
La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) conocer si el informe realizado por esta institución sobre el sistema de copago fue conocido por representantes de la Junta Directiva, máxime que en un reciente oficio, se indicó que el mismo sería analizado en una sesión ordinaria. En una gestión enviada esta semana, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, incluso ofreció a la Presidenta Ejecutiva de la Caja, una exposición del informe técnico en sesión de Junta Directiva.
Las personas de la provincia de Guanacaste que acudieron el año anterior a la Defensoría de los Habitantes, ubicada en Liberia, solicitaron una orientación, realizaron una consulta o presentaron una denuncia cada cinco horas sobre situaciones relacionadas con la prestación de un servicio público.